Por Eduardo Blasina
La UE dio el visto bueno final a la primera ley en el mundo que veta la importación de productos como carne, soja, madera o café que provenga de áreas de tala ilegal o degradadas.
La ley aprobada este martes se considera un paso clave en la lucha por frenar la deforestación y logró el acuerdo de los 27 países de la Unión. Alcanzado ese acuerdo entre los países, el Consejo de la UE ha dado el último visto bueno que faltaba —tras la aprobación en el Parlamento Europeo en abril— a la ley acordada en diciembre pasado que busca cerrar el espacio europeo a productos que contribuyan a la deforestación o degradación de los bosques.
El diario El País de Madrid consideró que “la norma ecológica, pionera en el mundo, afectará a varios países del Mercosur con los que Europa lleva dos décadas tratando de sellar el pacto de libre comercio más ambicioso del bloque europeo». De ellos, el que más preocupa a los europeos es el gigante Brasil.
De acuerdo al diario español, el Gobierno de Lula considera, según fuentes diplomáticas brasileñas, que “acciones unilaterales” como la nueva norma contradicen el libre comercio y el espíritu de acuerdos como el Mercosur-UE. Además, agrava el malestar creado por lo que Brasilia considera exigencias adicionales en materia ambiental planteadas por la parte europea al Mercosur para ratificar el acuerdo comercial entre ambos bloques.
Con la nueva normativa europea contra la deforestación, que entrará en vigor en las próximas semanas (20 días después de que sea publicada en el Diario Oficial de la UE), las empresas que quieran comercializar en el mercado europeo los, por el momento, siete productos identificados como cruciales en materia de deforestación —aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja, así como sus derivados, como carne de vacuno, productos de cuero, papel impreso, muebles, cosméticos o chocolate— solo podrán hacerlo si demuestran la denominada “diligencia debida”. Es decir, deberán tener una etiqueta que verifique que los bienes comercializados, a los que podrían añadirse en el futuro nuevos productos, han sido producidos en tierras que no han sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020 y que también cumplen con todas las leyes relevantes al respecto en el país de producción.
En un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la norma, la Comisión deberá hacer una evaluación de riesgo que clasificará a los países, o a zonas de los mismos, en una escala que va del “bajo riesgo”, para cuyos productos la diligencia debida será un proceso más leve, a los de “alto riesgo”, lo que implicará que las importaciones de esos lugares estarán sometidas a más controles. La UE además revisará regularmente la lista de productos sometidos a estos controles y se reserva la capacidad de actualizarla, así como de designar zonas nuevas de preocupación.
Las empresas que no cumplan los requisitos serán objeto de sanciones “eficientes y disuasorias” con una multa máxima que será “al menos el 4% del total de ventas en la UE del operador o comerciante” concernido.
Los países afectados por la medida se oponen. En noviembre, 14 países, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Indonesia, Malasia y Costa de Marfil, enviaron una carta a los líderes de las instituciones europeas, quejándose de lo que consideran una medida unilateral y preocupados además por la “naturaleza discriminatoria y punitiva” del proceso de evaluación de riesgo que establece esta normativa. También se han lanzado acusaciones de proteccionismo y hasta de colonialismo, según documentos que registran los potenciales conflictos que Europa cree que puede provocar esta norma, y a los que ha tenido acceso El País.
La posición de Brasil es ambigua. Los controles llevaron a una baja en la deforestación en abril. Y aunque se opone a la medida ha recibido fondos europeos para la protección de la Amazonia y recibirá el mes que viene a la propia presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen.
Por un lado Europa promete aumentar la lógica de ayudar económicamente a través del Fondo Amazonia, que financia proyectos sostenibles. Por otro lado, los exportadores brasileños consideran que el proceso burocrático para certificar sus productos los hará menos competitivos. En el último año, la Amazonia brasileña perdió más de 11.500 kilómetros cuadrados, un 11% menos que el anterior balance. Alcanzar la deforestación cero en 2030 es un enorme desafío, una carrera de fondo que requiere acabar con un lucrativo negocio ilícito y ofrecer nuevas fuentes de renta a los infractores, a los que Bolsonaro alentó durante los últimos años.
La impunidad durante el mandato de Bolsonaro aceleró una deforestación que aumentó desde 2012. También Brasil ha anunciado una alianza de Brasil con Congo e Indonesia —los tres países con más bosque tropical del mundo— para proteger la selva mediante la explotación sostenible.
Un año después de la entrada en vigor de la normativa, a más tardar, la Comisión Europea evaluará si el reglamento debe extenderse también a otras tierras boscosas con menos densidad arbórea (como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina).
Y antes de dos años Bruselas estudiará si debe de ampliarse a otros ecosistemas y materias primas como el maíz o las carnes de cerdo, cabra, oveja y aves de corral.