La concentración frigorífica en Uruguay ya es alta según ARU

Con la compra del frigorífico BPU por parte de Minerva las cuatro empresas frigoríficas más grandes se quedaron con 69% de la faena en Uruguay, una concentración «alta» según los índices de la Federal Trade Commission de Estados Unidos, dijo Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Ese mismo nivel de concentración se mantendría con la compra anunciada por parte de Minerva de tres frigoríficos de Marfrig, aunque alteraría las cuotas actuales de participación en el mercado para dejar a un actor (Minerva) con 42% de la faena y a los dos siguientes, Marfrig y Las Piedras, con menos del 10% cada uno.

Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) 

“Se rompería cierto equilibrio en un mercado de libre competencia con un actor muy grande y que podría ser muy definitorio de las políticas en la cadena cárnica”, afirmó el titular de ARU.

Según otro índice también citado por Cortabarría, el HHI, el mercado está “entre moderadamente y altamente concentrado”.

El presidente Luis Lacalle Pou recibió el martes a una delegación de ARU, que le planteó su punto de vista de que esta operación puede ser negativa para todo el complejo cárnico uruguayo.

Lacalle Pou señaló que no habrá injerencia política en el tema, y que la decisión técnica quedará en manos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodeco) del Ministerio de Economía.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, también declinó opinar sobre la operación hasta que no se pronuncie esta Comisión.

Para el titular de ARU, por el impacto de este negocio entre los dos frigoríficos brasileños y su incidencia para los productores ganaderos, la Coprodeco deberá actuar con más celeridad que en el caso de BPU, que llevó ocho meses. Teniendo siete de las 10 principales plantas de faena del país, preocupa la forma en que Minerva se desempeñará en el mercado de hacienda, donde tendrá posibilidades de manejar la demanda del ganado gordo y la fijación de precios.

El plazo legal que tiene la Comisión es de tres meses con opción a otros tres meses y eventuales prórrogas.

La ARU entiende que este tema saltó al primer lugar de la agenda a pocas semanas de la Expo Prado, donde tradicionalmente el titular de la Asociación hace planteos y reclamos a las autoridades.

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