Argentina en camino a cortar el financiamiento al IPCVA, simil del INAC uruguayo
La Ley de Desregulación que impulsa el ministro de desregulación Federico Sturzenegger propone “la finalización, a partir del 1° de octubre de 2027, de las contribuciones obligatorias con destino al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina” e mandata al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a “cesar la aplicación, percepción, retención y/o recaudación” de esos aportes.
Este proyecto generó críticas y fue tema de conversación en la Expo Palermo actualmente en curso.
Actualmente el instituto promotor de la carne argentina se financia por parte de los productores y la industria a través de una tasa para cada animal faenado.
La reacción a la propuesta fue negativa por parte de la mayoría de las gremiales del agro argentino y también de la industria exportadora a través de un comunicado conjunto.
Este fue firmado por la Mesa de Enlace —Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)— y desde la industria por el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).
El documento expresa el “firme respaldo al IPCVA” y ratifica “su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina”.
En cambio tuvo el respaldo de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), que estima aportar alrededor del 14% del total recaudado por el fondo.
El anteproyecto oficial prevé eliminar la obligatoriedad de los aportes a partir de octubre de 2027. El instituto se solventaría a partir de entonces con aportes voluntarios.