Los legisladores de la Unión Europea votaron este miércoles para impugnar el acuerdo de libre comercio de la UE con el Mercosur firmado el sábado pasado, y pasarlo a revisión jurídica en el máximo tribunal del bloque, una medida que podría retrasar el acuerdo por dos años y potencialmente hacerlo fracasar.
Este jueves, además, el Parlamento Europeo podría votar una moción de censura a la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.
“La Comisión Europea se encarga de negociar los acuerdos comerciales y lo que está tratando de hacer el Parlamento es revocar ese mandato y hacer caer a la Comisión Europea”, afirmó el consultor en relaciones internacionales Gonzalo Oleggini en Tiempo de Cambio de Radio Rural.
“Una pregunta que por lo menos yo me hago es si esto no estaba prenegociado para que la Comisión Europea no caiga, si cedió en algo”, dijo Oleggini, en la hipótesis de acceder a la revisión jurídica para no caer.
El canciller uruguayo Mario Lubetkin dijo que “lo que se plantea no es ni la congelación ni la liquidación del acuerdo”, sino el pedido al Tribunal de Justicia Europeo para que emita un parecer sobre su validez. Un tratamiento que, según los antecedentes, lleva entre 18 y 24 meses.
Lubetkin resaltó que en casos similares, como Canadá y Singapur, “el Tribunal de Justicia falló absolutamente a favor”.
El canciller alemán, Friedrich Merz, uno de los principales impulsores del acuerdo, calificó de lamentable la remisión al tribunal e insistió en que el tratado debería aplicarse pronto de forma provisional.
La UE aún podría aplicar el pacto provisionalmente a la espera del fallo y la aprobación parlamentaria. Sin embargo, hacerlo podría resultar políticamente difícil dada la probable reacción negativa, y el Parlamento Europeo conservaría la facultad de anularlo posteriormente.
Un grupo de 144 legisladores presentó una moción parlamentaria para solicitar al Tribunal de Justicia de la UE que se pronuncie sobre si el acuerdo puede aplicarse antes de su plena ratificación por todos los Estados miembros y si sus disposiciones restringen la capacidad de la UE para establecer políticas medioambientales y de salud del consumidor. El tribunal suele tardar entre 18 y 24 meses en emitir estos dictámenes.
El Parlamento Europeo respaldó la moción con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.