Una sorpresiva medida tributaria del gobierno de Brasil que restringe el reembolso y compensación de saldos de crédito, y reduce en 4% el precio pagado por la soja a los productores rurales, sacudió los mercados agroexportadores.
El anuncio de la medida paralizó la comercialización de soja entre el miércoles y el viernes de la semana pasada en el mercado brasileño.
La entidad que agrupa a las mayores industrias aceiteras brasileñas (Abiove) comunicó que el costo adicional, en caso de que la medida no se revierta, será trasladado al productor. “Este impacto puede alcanzar hasta el 5% del valor actual de la soja”, señaló.
Las complicaciones comerciales generadas por el “impuestazo” aplicado por el gobierno de Lula al sector agroindustrial impulsaron subas en los valores del grano y de la harina de soja en el mercado estadounidense, afirman observadores.
La semana pasada se habrían comercializado menos de 500.000 toneladas de soja en Brasil, cuando lo usual para esta época es un volumen ubicado en un rango de 1,5 a 2 millones de toneladas.
Funcionarios del gobierno se mostraron reacios ante las críticas a revisar el incremento impositivo, pero este lunes, ante el impacto económico generado por la medida, comenzaron a “aflojar” al menos discursivamente, señaló el portal Bichos de Campo.
La resolución 1227 que restringe la posibilidad de compensar los impuestos del Programa de Integración Social (PIS) y de la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins) será negociada con el Congreso, aseguró el ministro de Hacienda Fernando Haddad.
“Explicaré a lo largo de la semana la propuesta al sector productivo para dilucidar ciertas cuestiones que no corresponden a la intención de la medida, especialmente en lo que respecta a las exportaciones”, dijo Haddad en un artículo publicado por el sitio oficial Agencia Brasil.
Mientras la resolución esté vigente, cabe seguir esperando una ralentización de las ventas de granos en general y de soja en particular en el mercado brasileño, lo que representa un factor alcista para la soja tanto estadounidense como argentina, uruguaya y paraguaya.
La medida fue rechazada a todo nivel y actores sectoriales sostienen que podría actuar el Ministerio Público para dejar en suspenso la medida mientras se analiza si esta es inconstitucional como sugirieron actores políticos de la oposición, o que podría ser derogada en el Parlamento con la bancada ruralista como principal fuerza.